En la mayoría de los casos, los delincuentes acceden a armas que fueron legales y que, al ser robadas o desviadas de la cadena de custodia, pasan al mercado ilegal. La Justicia sostiene que uno de los inconvenientes es que “no hay investigaciones para perseguir al mercado ilegal de armas, sino casos puntuales”.

Corrió despavorido y un poco desaforado. Al girar la esquina se frenó y al apoyarse sobre sus rodillas sintió que el corazón le retumbaba en el pecho. Estaba en shock. Ni siquiera podía distinguir qué sucedía a su alrededor y menos aún explicarle a la persona que se había acercado a preguntar qué le pasaba. Hacía instantes había sido apuntado con un arma de fuego y le robaron el celular y la mochila.

La historia sigue, pero hay que congelar la imagen unos segundos antes: en el momento en que un revólver calibre 22 es empuñado y usado a la par de la frase “dame todo o te quemo”. ¿Cómo llega esa arma ahí?, ¿cuál fue el circuito que recorrió?, ¿tuvo otro dueño o dueña?, ¿quién?

Esas situaciones, en mayor o menor medida, son habituales. Los santafesinos las conocen a través de los medios, de sus familiares, amistades o por haberlas vivido en carne propia. Son la punta del iceberg de uno de los temas menos discutidos a nivel social: el mercado ilegal de armas y municiones.

AIRE se zambulló y lo exploró para tratar de entender cómo funciona ese mercado en la ciudad de Santa Fe.

Las diferentes fuentes consultadas por este medio coinciden en que el negocio ilegal de las armas y las municiones tiene una gran relevancia porque se vincula, en mayor o menor medida, con una parte importante del resto de los circuitos ilegales.

Para empezar a hilar un poco más fino, hay que analizar cómo se abastece ese mercado.

“Un gran porcentaje de armas ilegales en algún momento fueron legales. Es decir, que hay un paso de la legalidad a la ilegalidad”, resumió una fuente del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

¿De dónde vienen las pistolas, los revólveres y las otras armas de fuego con sus municiones? ¿Cuáles son las principales arterias que abastecen al mercado?

Por un lado, están las presuntas “filtraciones” desde la Policía: elementos oficiales que “desaparecen”, se pierden o son robados y luego se encuentran en el mundo criminal. A eso lo reconocen en el propio Ministerio de Seguridad y, desde hace un tiempo, se empezó a implementar una mayor burocratización con el objetivo de mejorar la situación.

Otra fuente importante son los robos a las viviendas de personas que tenían en su posesión armas legítimas. Párrafo aparte para las armerías que, a pesar de los estrictos controles a los que son sometidas, existen diversas fuentes que afirman que pueden cumplir un papel en este esquema de manera directa o indirecta. En menor medida, también tiene cierta incidencia el contrabando.

En Santa Fe las armas y las municiones se utilizan, en un alto porcentaje, como medio para cometer otro ilícito. Es decir, sirven para poder intimidar o amenazar para efectuar un robo. En general, no se adquieren con el fin de usarlas para disparar, sino como un elemento para atemorizar, aunque llegado el caso sí se utilizan para efectuar un disparo.

Las armas que más se utilizan para ilícitos son calibre 22, aunque obviamente no son las únicas.

Hecha esa salvedad, hay que mencionar que la mayoría de los homicidios ocurridos en la ciudad de Santa Fe, si bien disminuyeron en 2022, fueron cometidos con armas de fuego. 

Se puede marcar una diferencia con lo que ocurre en Rosario, donde las armas sí son obtenidas con el fin de ser disparadas: ya sea para asesinar (sicariato) o para concretar balaceras intimidatorias, con fines de protección extorsiva, contra diferentes lugares como restaurantes, establecimientos judiciales, entre otros.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia, del MPA, integrantes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y académicos en la materia, reconocen que históricamente se ha “filtrado” armamento de las fuerzas de seguridad al mercado ilegal. No es algo exclusivo de Santa Fe. Las modalidades son diversas y puede darse a través de presuntos robos o pérdidas u otro tipo de acciones ilegales.

Semanas atrás recibió media sanción un proyecto del senador provincial Miguel Rabbia para que haya una ley que obligue a “la rotulación y el marcaje de todos los materiales controlados de la Policía de Santa Fe y de los Servicios de Seguridad Privada”. En los fundamentos , el legislador rosarino indica que –según datos del Departamento Judiciales de la Policía de la Provincia de Santa Fe– entre 2015 y 2021 “se extraviaron o fueron sustraídas a los trabajadores policiales 483 armas cortas y 30 armas largas”.

Por otra parte, menciona que “se ha iniciado un expediente a los fines de dilucidar el destino de aproximadamente 800.000 municiones calibre 9 milímetros provistas al sistema policial santafesino entre abril de 2018 y junio de 2020”. Según pudo averiguar AIRE, no está muy claro qué pasó con esas miles de balas y se plantean diferentes hipótesis.

Para evitar que las armas policiales sean vendidas ilegalmente, el Poder Ejecutivo implementó en 2022 una marcación especial y nuevos controles, una experiencia que habían comenzado a probar un año antes con las municiones oficiales.

El Ministerio de Seguridad decidió implementar un nuevo mecanismo de entrega de armamentos y municiones. “Tiene que firmar la persona que pide municiones, la que lo autoriza y las entrega. Eso no existía antes”, indicó a AIRE el subsecretario de la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, Joel Theytaz.

“Ahora hay un triple control sobre los formularios. Se burocratizó mucho para saber qué se hace con las armas. Si pasa algo, están las firmas por donde pasó el formulario”, agregó el funcionario sobre la política que fue destacada por integrantes de la Anmac en diálogo con este medio .

Se sumó un estampado a las municiones con la sigla “P.S F.” (Policía de Santa Fe) y el año en que fueron compradas; y un marcaje sobre las armas con la leyenda “Policía de la Provincia de Santa Fe”, el escudo de la provincia y el año en que se compró. “Si tenés que limar eso, a simple vista se nota que es un arma policial y te ahorrás todo un proceso de meses para saber de dónde venía”, indicaron desde la cartera.

“En gran medida los delincuentes se proveen de las armas que sustraen de las casas y del mercado legal”, es la conclusión a la que llega una persona que trabajó en ANMAC y dialogó con AIRE.

Su argumento se refuerza en que han accedido a listados de “armas para destrucción secuestradas por ilícitos y la mayoría tienen numeración y marca de fábrica, no son caseras; son armas que en algún momento fueron legales y que se desviaron de su cadena de custodia. Esto es porque se las roban a los usuarios legales de sus casas”.

Por otro lado, según le indicaron a este medio desde el MPA, uno de los inconvenientes es que “no hay investigaciones para perseguir al mercado ilegal de armas, sino casos puntuales”.

Gran parte de esas armas robadas luego entran al negocio ilegal y se venden o, en menor medida, se alquilan. En el Ministerio de Seguridad hablan de “circuito ilegal” y no de mercado porque “lo que hay es mucho «mano en mano»".

Fuentes del MPA, del Ministerio de Seguridad y la ANMAC consideran que las armerías pueden tener algún tipo de relevancia en el mercado ilegal, aunque es pertinente hacer ciertas aclaraciones. El rol de estos establecimientos no es vender elementos de manera irregular, ya que los controles son estrictos.

"No podés justificar la falta de armas en tu local si las vendés irregularmente y no las declarás”, dijo el dueño de una de las armerías consultadas por AIRE.

“Desde el primer momento en que el arma entra al país, la ANMAC ya sabe el recorrido y el destino hasta que llega a un usuario. Salvo en los robos, o cuestiones por el estilo”, agrega otro armero.

Para poder obtener un arma de manera legal hay que tramitar y obtener la credencial de legítimo usuario. De esa forma queda registrado quién y qué compra; por lo que si alguien que adquiere, por ejemplo, un revólver en una armería, lo vende al mercado ilegal y luego es secuestrado por la Policía, se sabría quién lo compró y dónde.

“Hay trazabilidad”, le dijo un investigador a este medio indicando que es posible saber el origen del arma. No obstante, otras fuentes agregaron que muchas veces se “lima” la numeración del elemento para no dejar registro y ahí es más difícil rastrear el camino del arma.

El panorama es distinto con las municiones. Cada legítimo usuario o usuaria puede ir con su carnet y comprar balas para su arma, pero una vez que eso sucede ya no hay control en cómo se usan. Según indican en la ANMAC, es muy difícil verificar la manera en que se utilizan. Por ese motivo es que se advierte qué parte de esas balas pueden ser vendidas al mercado ilegal, ya que la trazabilidad desaparece porque los casquillos no tienen marca identificatoria.

Hay un caso conocido como “Carmona” que vincula a un armero con el mercado ilegal y ocurrió en Rosario. Según detalla el periodista Germán de los Santos en una nota publicada el 1 de septiembre de 2021 en AIRE, “(...) se usaban los llamados «hombres de paja» –una especie de testaferros– para comprar una mayor cantidad de balas. Por ese motivo, el dueño de la armería Carmona fue imputado por realizar anotaciones falsas en Registro Oficial de Municiones, expedido por el Anmac (...)”.

Las diferentes personas consultadas por este medio coinciden en que el contrabando de armas y municiones no tiene demasiada incidencia en la ciudad de Santa Fe. En contrapartida, según indicaron en el MPA y la Anmac, sí tiene cierto peso en el sur de la provincia, donde los elementos vienen desde Paraguay o Brasil.

Además plantean que la situación de las armas y municiones en la ciudad de Santa Fe se fue complejizando en los últimos años. La contracara de la dificultad para obtener un arma en el mercado legal y toda su burocracia es que de manera ilegal es cada vez más accesible.

Hay una necesidad de poder elaborar y establecer políticas que excedan los gobiernos de turno y, a su vez, de trabajar coordinadamente entre las distintas esferas del Estado.

CRÉDITOS

Textos: Agustín Vissio

Edición visual: Esteban Jourdán

Diseño: Martín Ignacio Medail